A la postre, todo ser humano responde a los incentivos de una manera racional. Ésta es la base de la Teoría de las Expectativas Racionales, de amplia difusión en la ciencia económica. Esto significa que si ni empresarios ni trabajadores logran mejorar algo que interesa a todos, que es la productividad de las empresas (y, por ende, de la economía en su conjunto), es porque no tienen los incentivos adecuados. Y los incentivos los fija la legislación.

Por ello, en lugar de analizar si la culpa de la baja productividad de nuestra economía la tienen los empleadores o los empleados, deberíamos preguntarnos en qué se pueden modificar los incentivos (las leyes y los reglamentos) para que ambos agentes, respondiendo racionalmente a las modificaciones introducidas, adopten comportamientos encaminados a mejorar la productividad.

Básicamente esto se lograría reformando el mercado laboral con medidas que están probadas en otros países y reconocidas como eficaces para dinamizar el mercado de trabajo, cuya rigidez en España nos está conduciendo a unas cotas de paro nunca vistas hasta el momento. La incapacidad de las empresas para responder a situaciones de crisis como la que vivimos, por su imposibilidad de adecuar sus costes laborales a la situación real, deviene en cierres masivos de empresas y en la expulsión forzada de cientos de miles de trabajadores del mercado laboral, por cese de la actividad de aquéllas.

En definitiva, esto nos remite a la responsabilidad política de los gobiernos y nos lleva a un terreno en el que la Teoría de Juegos tiene bastante que decir. Cualquier gobierno, independientemente de su signo, tomará siempre aquellas medidas que tiendan a maximizar su propia utilidad (que ante unas elecciones esto se traduce en el mantenimiento en el poder), aun cuando la del conjunto del país no alcance su óptimo. En términos de Teoría de Juegos, a esto lo llamaríamos una solución de equilibrio sub-óptima, porque no es la mejor para el conjunto pero inevitablemente se tiende a ella porque uno de los jugadores “deserta” de la posición que daría lugar al equilibrio óptimo para el conjunto, en busca de maximizar su propio beneficio en detrimento del resto.

Todos los economistas saben –y probablemente también el Gobierno- que en España es necesaria una reforma laboral en la que: 1) se descentralice la negociación sindical -llevándola a nivel de cada empresa con sus trabajadores para alcanzar soluciones óptimas en cada caso-; 2) se desvinculen los salarios del IPC y se liguen a incrementos de la productividad de las empresas; y 3) se reduzca el coste del despido, como elemento dinamizador del mercado de trabajo. No son las únicas medidas posibles pero sí se encuentran entre las más relevantes. La primera de ellas restaría poder central a los sindicatos, por lo que se opondrían a ella en cualquier caso. Un gobierno de derechas puede asumir ese coste sin una grave pérdida de votos entre sus bases, pero uno de izquierdas no. La vinculación de los salarios al IPC y el mantenimiento de un alto coste del despido son medidas proteccionistas con un efecto perverso sobre la clase trabajadora, pues lejos de permitir la creación de riqueza, encorsetan hasta tal punto la libertad del empresario que devienen en una rigidez del sistema cuyas consecuencias estamos ahora padeciendo en nuestro país. En definitiva, son perniciosas desde el punto de vista de la maximización de la utilidad del conjunto. Pero esto es difícil explicárselo a los trabajadores y más aún cuando el discurso político imperante abona el terreno de la ficticia protección del trabajador, discurso que conviene a los sindicatos y a cualquier gobierno de izquierdas. Por este motivo veo muy difícil que el actual gobierno encare reformas de calado en el mercado laboral, porque los sindicatos le acusarían de haber perdido la sensibilidad social y esto le pasaría una importante factura en las elecciones.

José Miguel Máiz